Hace un par de semanas, leyendo en este periódico la entrevista a Joan Romero, me topé con la frase "sería toda una revolución que se defendiera al trabajador y no al puesto de trabajo". Con el debido respeto al Sr. Romero, esto es muy típico del pensamiento político y económico en España. No lo entiendo. El modelo llamado "flexiguridad", o "flexiseguridad", nació como parte de las reformas del mercado laboral que el Gobierno de Dinamarca implementó a mediados de los 90 para reactivar el empleo a través de esquemas de flexibilidad y seguridad de los trabajadores vía el sistema de bienestar social.
La UE adoptó la flexiguridad como pilar de su política de empleo, alentando a sus estados miembros a "promover la flexibilidad combinada con la seguridad del empleo, y reducir la segmentación del mercado laboral, prestando la debida atención a los grupos sociales". Esto suena realmente positivo, y en España encaja en un cierto pensamiento bienintencionado, pero vago.
Tanto, que el PSOE lo incluyó en su programa marco para el 37 Congreso Federal, describiéndolo como una "combinación óptima (que) demuestra que es posible aunar crecimiento e igualdad, eficiencia y equidad o flexibilidad y seguridad, incluso en contextos tan potencialmente conflictivos como las relaciones laborales." La ´combinación´ aparentemente ofrecía "nuevas ventajas para los empleadores e inversores internacionales, (y garantizaba) la inclusión y la participación social de todos los ciudadanos en el mercado de trabajo".
Esto es tan indiscutiblemente bueno que, hace exactamente un año, Pedro Solbes ya anunciaba (Forum Nueva Economía) que España ya presentaba los elementos esenciales de la flexiseguridad/flexiguridad. No tan rápido.
En España existen posiciones extrañas en torno a este debate. Depende de a quién preguntes. Ignacio Fernández Toxo, SG de CC OO, ha tachado la flexiseguridad de "disparate". Pedro Marset (Partido de la Izquierda Europea) dijo en julio del año pasado que "las políticas de flexiseguridad/flexiguridad nos llevan rápidamente a la desregulación laboral y al despido libre". ¿En qué quedamos?
Como en tantos casos de pensamiento político/económico en nuestro país, lo que siempre predomina es el concepto, y no la realidad, es decir: el wishful thinking. Porque la realidad del mercado laboral y de la economía en España es tan distinta a la de Dinamarca, y en general a la de esos estados que han implementado ciertos aspectos de la flexiguridad, como Finlandia y Holanda, que hablar de "defender al trabajador y no al puesto de trabajo" suena a cuento de hadas.
Cuando hablamos de Dinamarca estamos hablando de un país con un 2,8% de desempleo (2008), con la tasa de impuestos más alta de Europa (50%) que financia un sistema de seguridad social robusto. Los daneses son la gente más feliz del planeta. El sistema de flexiguridad requiere un mercado laboral abierto y meritocrático; una vasta red de servicios para apoyar la búsqueda de empleo; un excelente sistema de educación y formación continua; generosos beneficios de desempleo; un sistema de pensiones flexible enfocado en carreras profesionales y no en la cultura del "un puesto para toda la vida"; infraestructuras que apoyan la movilidad de los trabajadores, como transportes, guarderías, sanidad eficiente; y altos niveles de algo llamado ´fiabilidad social´ que asegura que los desempleados están real y activamente buscando empleo en todo momento.
Cuando tienes una economía en la que los sueldos son altos, los trabajadores están bien entrenados y motivados, en la que cuando pierdes un empleo inmediatamente accedes a otro en muchas ocasiones mejor, en la que el desempleo es muy bajo y la productividad de los empleados muy alta, y en la que los desempleados nunca abusan del sistema… defender al trabajador y no el puesto de trabajo es factible. En España, donde no se da ninguna de estas condiciones, ondear la bandera de la flexiguridad como la solución para nuestros problemas equivale a, en el mejor de los casos, pecar de inocencia.